Suscríbase
En 1995, dos años antes de ser sancionada la Ley General de Cultura y de que se creara el Ministerio de Cultura, Gabriel García Márquez afirmaba en la revista Semana que no creía en un Ministerio de Cultura, uno de los planes que tenía el gobierno de Ernesto Samper. García Márquez entendía que un ministerio debía atender mucho más que solo a las artes, y que se hacía necesaria una reflexión sobre las políticas culturales; que era necesario financiar los proyectos culturales tanto de los profesionales como de las comunidades en general, y que había que transformar lo existente. Sus reservas se sustentaban en el hecho de que un ministerio politiza y oficializa la cultura, o lo cultural, diríamos hoy en día, puesto que es un botín burocrático y está sujeto al lobby de los parlamentarios. La propuesta de García Márquez era hacer ejecutor al Consejo Nacional de Cultura. Con asiento en los órganos de más alto nivel como el Consejo de Ministros y el Conpes, el pequeño organismo sería el encargado de organizar audiencias públicas de sustentación de proyectos culturales que serían financiados por el Estado y la empresa privada. Los Consejos Mixtos de Cultura no progresaron y el Consejo Nacional de Cultura es hoy solamente un órgano asesor de la política. Veinte años después, el Ministerio de Cultura no es un fortín burocrático y su estructura y procesos logran preservarlo del lobby de congresistas y otras instancias de poder, aunque haya excepciones que no viene al caso nombrar.
En este contexto, un balance debería invitarnos a pensar que la institucionalidad de fin de siglo pasado no ha sido un ministerio de la propaganda, que existen algunos sectores artísticos y culturales organizados, que hay una voluntad de dar cuenta del complejo entramado de diversas prácticas que constituyen lo cultural y que se cuenta con planes y programas que han logrado continuidad y merecen evaluaciones de impacto. No se trata, en modo alguno, de “celebrar” la Ley y el Ministerio, pero sí de reflexionar sobre lo que tenemos, preguntarnos qué se ha hecho, dónde, en qué y cómo, y vislumbrar las posibilidades a futuro. Esta es una oportunidad para hacer memoria de esta corta historia para las nuevas generaciones y aproximarse a las evaluaciones de un sector institucional pequeño por el peso de la inversión estatal y privada, pero muy grande por su responsabilidad constitucional de ser la base de la nacionalidad, por su responsabilidad ante uno de los más grandes desafíos mundiales como es la preservación de la diversidad biológica y cultural, estrechamente relacionadas, y ante los desafíos del proceso de posconflicto y construcción de paz que nos ocupa a los colombianos.
El cambio más grande que tenemos que lograr para que todo lo demás sea posible es un cambio cultural, afirmaba Sergio Jaramillo, en ese momento consejero de paz, en una entrevista con La Silla Vacía al inicio de este año. Humberto de la Calle intervino recientemente en un Foro sobre el Arte y la Transformación Social celebrado por varias instituciones culturales. En el Congreso se debatieron temas culturales, como la adopción por parejas del mismo sexo o la ley para fomentar las “industrias culturales”. En el Distrito, la consulta antitaurina logró instalarse en la agenda. Así se multiplican hechos que dejan ver que el tema, a pesar de sus debilidades, emerge habitualmente en la escena política nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio ha sido objeto de recortes presupuestales (en la adición de 2017 no se le tuvo en cuenta) y llega a 2018 con más recorte, lo cual merecería una protesta del sector, cuando menos, pues el silencio ha sido apabullante. En el entretanto, está abierto el Programa Nacional de Concertación que, con algunas diferencias, podría sustentar que es el equivalente a la propuesta de Gabo. Este programa atiende los proyectos de municipios y comunidades en todo el país. Sus recursos no son pocos, pero comparados con la riqueza cultural que hay que preservar y renovar, resultan exiguos. No mencionemos sino nuestras músicas, danzas y cantos de tradición: a pesar de los esfuerzos en torno a los Planes de Música, es importante decir que estamos ante una situación de urgencia. Faltan recursos para investigación y concertación, pues las políticas culturales no son un asunto simplemente de buena voluntad. Es mucho lo que los responsables de política reducen su significado y complejidad. Entonces, la reflexión sobre estas dos décadas, sus fortalezas y sus debilidades, debe estar al orden del día en universidades, en el Congreso, en las instituciones regionales y locales, en los sectores y en la mente de artistas y cultores que tienen voces resonantes.
Tenemos que reconocer que de cultura y educación poco se habla. Que más de 20 años después, seguimos dando vueltas en torno a sus propuestas, necesitando poner los pies sobre la tierra y hacer realidad los anhelos de muchos cuando García Márquez decía: “Una educación (y unas culturas, agregamos), desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética –y tal vez una estética– para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños”.
